La actuación de la UIP se produjo este viernes a las puertas del Cabildo de Gran Canaria, donde se manifestaban 25 personas, en versión de la Policía Nacional, y “entre ochenta y cien”, en versión de los manifestantes. Protestaban por el atentado sufrido por el yacimiento arqueológico de Balos, noticia ofrecida por este periódico hace semanas. La manifestación no estaba comunicada a la Delegación del Gobierno, y allí se personaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que procedieron a identificar a los manifestantes. Si es correcta la cifra policial, había exactamente cinco personas más de las que la ley considera tope para manifestación ilegal. Y si es cierto lo que dicen los manifestantes de que los pusieron en fila india y les retiraron los DNI para que luego los fueran a recoger en la Supercomisaría, ya pueden ir presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia, que se le va a caer el pelo al responsable de actuación tan desproporcionada. Y supuestamente ilegal.