La denuncia de la asociación se basaba en extraños episodios anteriores a la apertura de sobres del concurso, y la de la empresa palmera, en que la mesa de contratación otorgó ventajas a unos competidores que no presentaron a tiempo sus certificaciones de avales. Ambos motivos (extraños fenómenos y una deficiencia subsanable) condujeron a que dos fiscales distintos, dos, propusieran el archivo de esas dos denuncias. La primera no pasó el trámite correspondiente para ser caso de corrupción, por lo que fue remitida a la fiscalía provincial, donde una fiscal, Beatriz Sánchez, propuso su archivo. Luego, ya en Instrucción dos, con imputados de la talla de Lourdes Quesada, la secretaria general técnica de Sanidad, fue el fiscal Antonio López, ex delegado del Gobierno en la etapa de Aznar, quien pidió el archivo a lo largo de unos muy elaborados y muy pulcros nueve folios. La causa quedó finalmente archivada el pasado octubre, mes de la adjudicación de Lifeblood, que aquí no se escapa nadie de las casualidades.