Lo dijo Juan Fernando López Aguilar en el solemne, pero menos, acto de entrega de su autorretrato al Ministerio de Justicia, ese que abandonó contra su voluntad por voluntad de Pepiño y Teresa Fernández de la Vega. Y lo dijo con énfasis, mirando a los ojos de algunos de los presentes, de los más conversos: que durante su mandato se pusieron en marcha la fiscalías provinciales anticorrupción en lugares muy concretos, especialmente la costa y los dos archipiélagos españoles, Canarias y Baleares. Una decisión, enfatizó el ministro pintor, “que no gustó a algunos y que aún hoy sigue sin gustarle”. Gracias a aquella decisión, que en Canarias ha convertido a López Aguilar en una especie en deseo de extinción, hoy podemos presumir ante el mundo de tener el mayor índice de corruptos por kilómetro cuadrado. Lo que, desgraciadamente, no ha servido, por el momento, para que se corten un poco. Es lógico dada la inconsistencia moral de los medios de comunicación y la facilidad con la que salen en su socorro personajes irrebatibles, irreprimibles e indómitos como Eligio Hernández, ex fiscal general y dos huevos duros.