José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno, nada menos, sabe que las escuchas que él llama ilegales no lo son en absoluto. Conoce que el que tenía el teléfono intervenido no era el presidente Rivero (sólo se lo podría pinchar un juez del TSJC), sino el alcalde de Arona, Berto González Reverón, que está incurso en una investigación judicial por una presunta trama de corrupción urbanística en ese municipio. Del mismo modo que sabe que lo que se dice en la transcripción que hizo la Guardia Civil (cuerpo al que, por cierto, acaba de incluir en la conspiración contra el PP y sus socios) tiene que ser, y es, riguroso. Está todo en el folio 9.436 del sumario, que ofrecemos en primicia para todos nuestros lectores, concretamente en su tomo 23, y la conversación relata exactamente cómo Paulino Rivero reclama del alcalde de Arona que vea “si puede hacer algo” por su sobrinilla, que se presentaba a las pruebas de la Policía Local. Calificar esta intervención judicial y estas transcripciones de ilegales es de una irresponsabilidad política y de una temeridad penal que rebasa todos los límites. Otra cosa que considere normales y corrientes esas conversaciones presidenciales, lo cual es lógico moviéndose Soria como se mueve entre las prebendas y los favores políticos con esa gracia que él sólo puede aparentar.