El Gobierno de Canarias ha decidido coger el toro por los cuernos y sacar antes de que termine el mes el pliego por el que se regirá el concurso para adjudicar 156 nuevas licencias de radio que acaben con el despiporre en que anda sumido el espectro radioeléctrico de las islas. En esto también hay división de opiniones, porque hay quien considera que lo que hará el Gobierno de ahora en adelante es coger al toro por otro lado más sensible, siendo “toro” el propietario de cada emisora con ganas de tener frecuencia, y “parte sensible” aquella que se aprieta de manera intermitente desde ahora hasta el día de las elecciones autonómicas. Hay más de 300 emisoras ilegales porque sólo hay 44 licencias concedidas, y hace bien el Gobierno en poner orden, aunque sea a su manera. Mientras llegan esas bases, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado otro meneo a la política mediática del Gobierno declarando nulo el reparto de las tres concesiones de TDT en la isla de Lanzarote, en su día adjudicadas a las entidades Opciones Creativas, S.L, Lanzarote Televisión, S.L., y Corporación Lanzaroteña de Medios, S.L. Los motivos para la anulación son los mismos que ya han afectado al concurso de TDT regional y afectarán una tras otras a todas las circunscripciones licitadas: la contratación de una consultora externa, Doxa Consulting, para evaluar las ofertas, en lugar de hacerlo la Mesa de Contratación. En Lanzarote recurrió Archipiélago Televisión (Pablo Tours, S.L.) que se vio privada de concesión. Pero ahora toca esperar al recurso ante el Supremo.