Las fuentes del magistrado Moya Meyer

Todavía estamos releyendo el voto particular emitido por el magistrado Helmuth Moya Meyer y todavía andamos desconcertados con su contenido. Como les hemos contado, su voto particular discrepaba del resto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias respecto a una suspensión cautelar ya sin valor de las prospecciones de Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Aunque pudiera parecer que la discrepancia es lo anecdótico y que lo sustantivo son sus consideraciones hacia el resultado de las prospecciones, más bien una cosa es reflejo de la otra. Porque si el magistrado sospecha que Repsol oculta información real de lo ocurrido en Sandía-1x es porque, a su vez, está convencido de que ha habido desviación de poder en toda la tramitación de las autorizaciones de los ministerios de Industria y Medio Ambiente en favor del compadre Brufau. Ante un futuro que el juez sugiere complicado en lo judicial, Repsol ha optado por una prudente retirada, aun habiendo encontrado “una colosal reserva de crudo”, tratando de evitar de esta manera que todo pudiera torcerse en periodo electoral para regresar –cuando todo se enfríe- a recoger el botín. Pero, ¿cómo puede sostener un juez que allí sí hay petróleo? Evidentemente estamos ante una rara avis de la magistratura, un magistrado que como mínimo se ha leído los papeles, por no decir que es experto en la materia o tiene un asesoramiento extraordinario. Sabe que Repsol hizo una campaña sísmica en 2003 sin someterse a la menor prevención ambiental y con una tecnología que debió detectar algo más de lo que ahora dice haber descubierto con la perforación. Si aquellos sondeos sísmicos animaron a continuar a Repsol hasta el punto de enfrentarse a la sociedad canaria y a sus instituciones fue por algo más que puros indicios. Su tesis no la comparte nadie porque nadie parece manejar la información que maneja el discrepante. Información y, desde luego, conocimientos científicos poco extendidos, y por eso le llama la atención “que entre los numerosos técnicos cualificados adscritos al órgano ambiental (Ministerio de Medio Ambiente) no haya una sola voz que se alce para decir que es inverosímil que el volumen estimado de 421 metros cúbicos de ripio y 1.241 metros cúbicos de lodo que se preveía depositar (…) solo afectaran letalmente a la flora y fauna marina de un área de 6 metros cuadrados”.

 

 

 

Se fundió la información

Pero desde luego lo que sobrevuela sobre todo el escrito del magistrado Moya Meyer, además de la insistencia de que ha habido desviación de poder, es la clamorosa falta de información que ha rodeado los trabajos de Repsol. A día de hoy desconocemos si el pozo ha sido o no sellado porque todos nos hemos quedado con el comunicado de abandono del pozo sin recordar que fue justo en esta fase tan delicada cuando se produjo el accidente del Golfo de México en 2010. Y tiene razón su señoría. A la petrolera no le ha interesado lo más mínimo informar verazmente de lo que allí se cocía, y sus comunicados han superado habitualmente el absurdo, porque hasta en eso se ha entretenido Moya Meyer antes de emitir su voto particular. Si a eso unimos los impedimentos de tipo físico impuestos para que ni siquiera el buque científico La Bocaina se pudiera acercar a menos de dos millas de la perforación (cuando la exclusión era de una milla), las sospechas están más que justificadas. Desde el Gobierno y desde los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se reiteran cada día al Ministerio de Industria las exigencias de que se hagan públicos los informes y los análisis de Repsol, mientras se organiza una expedición que explore la zona una vez la abandonen el Rowan y sus buques de apoyo. En el aspecto político continúan las espadas en alto, tanto en España como en Bruselas, donde este mismo jueves hubo una reunión al más alto nivel con la presidencia del Parlamento Europeo. Y en lo judicial, los recursos siguen vivos a la espera de resoluciones finales, con el añadido ya anunciado en esta misma sección, de las acciones penales, algunas de las cuales alumbra con certeza el magistrado Moya Meyer en su memorable voto particular.

 

¿Y esa multa?

Poco a poco aquella euforia histérica mostrada por la muchachada soriana al anunciarse la retirada de Repsol con el rabo entre las patas se va tornando indisimulado cabreo, quizás por algunos de los motivos que el magistrado Moya Meyer expone en su voto particular. Las gestas y desafíos de Paulino Rivero no paran de sucederse, y lejos de adoptar la postura de sumisión y disculpas que le exige el PP, el presidente canario se crece y multiplica su actividad. Si desde luego fueran ciertas las conjeturas del magistrado sobre la existencia de petróleo en cantidad y calidad, estaríamos por lo tanto ante lo que él mismo califica como “huida”, de la que sin duda sería Rivero uno de sus causantes, por poco que guste reconocerlo a sus críticos más irreductibles. Desde luego no puede atribuirse ni al presidente ni a la sociedad canaria que el cretáceo no haya premiado a las islas con combustibles fósiles de calidad, en el caso de que fuera cierto el fracaso anunciado por la petrolera. Pero es indiscutible que el modo en que se ha producido este abandono tiene mucho más que ver con una estampida que con una marcha pacífica, una marcha que, como dijimos aquí, se precipitó de manera extraña y con las siempre parcas explicaciones de Repsol. Cada día que pasa sin un aporte de información es un día más para la especulación, a la que también contribuye el señor ministro canario confirmando que piensa meterle una multa de 5 millones de euros a quien, al parecer, le ha defraudado en sus expectativas. ¿Multa por fracasar? ¿Multa por no seguir intentándolo con Chirimoya? O ¿multa por desobediencia?

 

Carlos Taboada, enchufado en Industria

A Soria se le van complicando las cosas a medida que se acerca el final de la legislatura y se le echan encima las elecciones autonómicas sin saber si Rajoy lo mandará para acá a hacerse cargo del desastre que él mismo ha montado en la ultraperiferia. Pero él sigue a lo suyo, como si todas las advertencias de transparencia y buen gobierno sol tengan que entrar en vigor después de noviembre próximo. Lo último que hemos sabido de sus andanzas por la villa y Corte es que ha colocado en el Ministerio de Industria a uno de sus personajes más protegidos, el televisivo Carlos Taboada. Se lo trajo a Canarias cuando la Televisión Autonómica era un juguetito con el que estaba el señor ministro muy contento. Lo colocó allí como comisario político ocupando la plaza de director de cadena. Ese cargo le permitió usar coche oficial unos meses y demostrar que se puede sobrevivir sin dar golpe durante unos cuantos años. Cuando el chollo se acabó porque cambió el Gobierno, otra cacicada de Soria colocó a Taboada como director del centro de producción territorial de Televisión Española en Canarias, contraviniendo de ese modo las imposiciones de recortes económicos que impedían contrataciones externas. En ese puesto se mantuvo hasta hace unos meses en que fue relevado por un profesional de la casa, Domingo Álvarez, por motivos oficialmente no aclarados. Como no hay dos sin tres, Soria ha vuelto a colocar a Taboada, esta vez en el ministerio, donde no tiene ninguna función asignada, aparte de la de cobrar un sueldo como asesor de su excelencia. A ver si se lo vuelve a traer otra vez para acá.

 

‘Diario de Avisos’ cambia de manos

Se veía venir de un tiempo a esta parte. La profunda crisis en los medios de comunicación tradicionales se va a cobrar la primera víctima en Canaria de Avisos, la empresa editora del periódico decano de Canaria, Diario de Avisos. Tras contactos fallidos con otras empresas editoras radicadas en la provincia de Las Palmas, finalmente será una mercantil tinerfeña la que se haga cargo del futuro de esa histórica cabecera. El lunes está previsto que se firme el acuerdo de traspaso de la propiedad que contempla el sostenimiento de la edición impresa y la potenciación de la versión digital, entre otras novedades que se anunciarán la semana próxima. Es muy probable que tras la operación la sede del periódico en la calle Salamanca se ponga en venta para amortizar parte de la compra-venta y que la redacción y resto de dependencias se traslade a la Dársena Pesquera, donde tiene su sede la empresa compradora, especializada en el negocio audiovisual.