Un bulo lanzado desde no se sabe dónde ha puesto en entredicho por unos días la seguridad informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un supuesto ataque a los servidores de la institución provocó, según ese bulo, que alguien chupara los datos personales de profesores y alumnos, incluyendo claves, DNI, direcciones, cuentas corrientes, etcétera. La patraña corrió de boca en boca, de correo en correo y ha provocado que el Rectorado prepare para este jueves un comunicado oficial desmintiéndolo todo. Este miércoles hicimos las averiguaciones pertinentes y tras cuatro confirmaciones en positivo llegamos a la dramática conclusión de que el bulo caló en un colectivo supuestamente dado a la investigación, al rigor y al contraste. El falso ataque informático parece responder a una guerra entre dos empresas de seguridad, la que prestaba el servicio para la Universidad hasta hace dos años y la que, tras el correspondiente concurso público, la sustituyó en esos menesteres. Los peones utilizados por parte de la primera para ir contra la segunda están siendo nada menos que los trabajadores, que no quieren que a la actual adjudicataria, Seguridad Integral Canaria, le sea prorrogado el contrato. Son los vigilantes que esta compañía se subrogó después de que la anterior adjudicataria, Seguribérica, perdiera el concurso. Háganse una idea: los llamados a velar por la seguridad de la Universidad están siendo capaces de poner en vilo a toda una institución.