Hacienda éramos todos. La Agencia Tributaria se ha convertido ya sin remisión en el principal enemigo de los ciudadanos españoles, seguida muy de cerca por el Gobierno del que depende orgánicamente, pero solo orgánicamente. Las instrucciones son claras: hay que recaudar a costa de lo que sea, aun llevándose por delante los derechos fundamentales del contribuyente, el Código Penal o el más elemental sentido común. Nunca hasta ahora habían tenido tanto poder los inspectores y subinspectores de Hacienda, no porque hayan cambiado las leyes en ese sentido, que también, sino porque se les ha animado, se les ha impelido a que actúen con la mayor contundencia posible exprimiendo a los ciudadanos, a las personas físicas y jurídicas, hasta la extenuación. Y nada anima más a un funcionario con tanto poder y tanta intocabilidad que los famosos y misteriosos bonus, unas primas a la productividad por la que se premia con miles de euros (pueden llegar a ser 25.000 al año) la apertura de actas sancionadoras. Unos bonus cuyas características son secretas, opacas por completo, lo que resulta inconcebible en una administración que exige la máxima transparencia a sus administrados. Los asesores fiscales cuentan miles de casos de personas a las que se les arruina la vida por un acta de inspección fiscal inflado hasta límites kafkianos, con presiones inconcebibles en una administración pública que llegan incluso a la extorsión, como ha denunciado el que fuera jefe de esos inspectores, Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la Agencia Tributaria.