Debe ser una ingeniosa fórmula de rebajar presión recaudatoria sobre los sufridos contribuyentes. La ha patentado, seguramente sin querer, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ingenio, formado por el PP y Agrupa Sureste, a través del negociado de multas de tráfico. Siete meses después de tomar posesión y sustituir al anterior equipo socialista, las denuncias siguen apareciendo firmadas por el concejal José Antonio Rocamora, que abandonó tales menesteres tras las elecciones de mayo pasado. Tan atareados deben andar los nuevos mandamases levantando alfombras y ejerciendo de oposición de la oposición que ni han cambiado el número de decreto de las notificaciones que llegan a los infractores ni han sustituido al juez instructor por el nuevo concejal de Policía, el inquieto, dúctil y maleable Sebastián Suárez (PP), muy dado a respingos dialécticos pero huidizo a la hora de firmar expedientes sancionadores. Los vecinos callan contentos y esperan socarronamente porque saben que un defecto formal de ese calibre podría invalidar por completo las denuncias, lo que automáticamente supondrá una merma en la recaudación de las sufridas arcas municipales y una disminución en la presión fiscal. Un problemilla más que añadir a la larga lista de conflictos a los que cada día se enfrenta el concejal Suárez, que parece crecerse frente a tantas inclemencias utilizando siempre el mismo latiguillo: la culpa, de Zapatero. Los discos rayados los quita la gente del pick-up.