La abortada modificación de las Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno promovida por Ángel Llanos no tenían como finalidad ordenar el reparto de prensa gratuita en Santa Cruz de Tenerife o evitar suciedad en las calles, como de manera falaz expuso el primer teniente de alcalde en el pleno en el que trató de defender ese abuso de autoridad. En realidad todo respondía al deseo de Llanos y del grupo de gobierno de satisfacer una petición expresa del propietario del periódico El Día, José Rodríguez Ramírez, que había visto cómo caía la venta de su periódico desde que empezó a distribuirse Metro en la capital tinerfeña. Para conseguir su propósito, Llanos no tuvo el menor reparo en introducir nuevos artículos en la ordenanza que vulneraban derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad comercial, porque en el articulado llegó a introducir la prohibición de que la prensa impresa se distribuyera incluso en el interior de locales comerciales, como bares o cafeterías. Un cacique de tomo y lomo con apariencia de demócrata.