Hacía tiempo que no sabíamos nada del abogado Francisco Javier Artiles Camacho, alma, corazón y vida del concurso de la hemodiálisis y de otros de mucha mayor enjundia en la Consejería de Sanidad cuando Soria mandaba en Canarias. Lo último que supimos de él era que engañó a todos a los que les dijo que él no tenía que ver nada con la empresa Lifeblood, en la que sólo aparece formalmente su amigo Javier Jorcano, gerente de Improcansa, la empresa que dio el pelotazo del Canódromo gracias a Soria (y van dos), Cardona, Pepa y El Jaber, que ahora ponen cara de tontos cuando se les pregunta por la cuestión. Improcansa, como ustedes saben, es propiedad del suegro de Jorcano, el empresario asturiano Eduardo Fernández, que descubrió que en Canarias se podía amasar de mejor manera fortuna con Soria (y van tres) cerca. Al calor del dinero y tras la crisis inmobiliaria, Fernández, Jorcano y Artiles unieron sus dispersas energías y se conjuraron para asaltar también la caja de la Sanidad pública por la vía de un concurso amañado. Pero no era de eso de lo que queríamos hablarles sino de que el Ayuntamiento de La Oliva, presidido por una alcaldesa socialista, ha decidido hacerse con los servicios de Javier Artiles para ver cómo arregla un pelotazo que data de 2000: el Plan Parcial Casas de Majanicho, declarado ilegal por el Tribunal Supremo con los chalecitos, tan monos, ya construidos.