En estos momentos desconocemos qué hechos han conducido a la juez Oliva a llamar a declarar como imputado a José Jiménez, a la sazón consejero de Aguas y Medio Ambiente durante el mandato de Soria. Hemos recurrido a nuestra hemeroteca y hemos recordado conversaciones suyas con el alcalde de Mogán que reflejan que el consejero cabildicio conocía el tamaño de las ilegalidades que se estaban cometiendo en esos sures, concretamente en los barrancos de Tauro y El Lechugal, ¿a que les resultan familiares esos nombres? Pues bien, Jiménez sabía que era ilegal que Paquirrín le legalizara lo que le legalizó a Santana Cazorla, del mismo modo -y esto es novedoso- que no puede desconocer una factura de 200.000 euros pagada desde el Ayuntamiento a la empresa Satocan para el acondicionamiento del barranco de El Lechugal, donde se levanta Anfi Tauro. Es competencia de los cabildos todo lo que ocurra en el cauce de los barrancos. La factura la tiene la Fiscalía desde finales del año pasado, y ya nos extrañaría que la hayan pasado a la juez tan rápidamente.