Decían este miércoles los operadores jurídicos de Las Palmas, en un manifiesto sin precedentes que debiera dar la vuelta a España, que la Justicia está en crisis, entre otras cuestiones porque se está mostrando especialmente inflexible con los sectores más débiles de la sociedad -particularmente en momentos de crisis como la actual- y muy condescendiente con los más poderosos. Hoy les acercamos aquí un ejemplo calentito, acabado de salir del horno de un tribunal canario, que demuestra a las claras la facilidad que tienen algunos para conseguir la ansiada agilidad de la Administración de Justicia donde otros obtienen desaires y hasta patadas en salva sea la parte. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó el pasado 31 de julio una resolución estimando la apelación interpuesta ante ese mismo órgano menos de 24 horas antes, exactamente a las 13.23 horas del día 30 de julio, por el empresario Santiago Santana Cazorla, que con ese acto recurría una resolución, de fecha 9 de junio de 2009, del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.