Si José Manuel Soria se hubiera leído la Ley de Puertos que elaboró y aprobó en su día el PP, se habría ahorrado tener que hacer el ridículo al atribuirse funciones que en absoluto corresponden a un vicepresidente del Gobierno de Canarias. Ni a ninguno de sus miembros, proclamamos. La única potestad que según esa ley tienen los Gobiernos regionales es la de proponer al Gobierno del Estado el nombre del presidente de cada Autoridad Portuaria. Pero la celebración de consejos de administración, el orden del día de los mismos y todas las competencias que la Ley de Puertos atribuye a estos organismos son de su absoluta potestad. Quizás Soria creyó que como Arnáiz hizo siempre lo que él le ordenó desde el Cabildo, todo el monte iba a ser orégano en lo sucesivo.