Mentir al Parlamento

El artículo 502 del Código Penal castiga con penas de hasta un año de prisión a quien mienta a una comisión de investigación parlamentaria, tanto si es en una Cámara nacional como en una autonómica. Por lo tanto, lo que hizo el martes Mariano Rajoy ante la comisión de investigación que investiga el caso Kitchen, la trama corrupta auspiciada desde el Gobierno que él presidía para tapar las vergüenzas de su propio partido, el PP, puede ser objeto de una investigación penal con visos de prosperar si alguien lo denuncia.

Porque si dijo la verdad, es decir, que desconocía las gestiones con el comisario Villarejo que hacía su secretaria general, María Dolores de Cospedal, a un par de metros de su despacho en la sede de la calle Génova, y que también ignoraba las órdenes que en el mismo sentido y con la misma intención conspiratoria dictó su ministro del Interior, Fernández Díaz, nos encontraríamos ante un presidente idiota, y eso no lo es Mariano Rajoy, aunque a veces trate de parecerlo.

Por lo tanto habrá que hacer prevalecer la segunda opción, es decir, la de que mintió ante una comisión de investigación.

Por desgracia para la vida parlamentaria española y para su credibilidad ante la ciudadanía, ningún grupo parlamentario activará la vía penal para que Mariano Rajoy sea investigado en un juzgado de la Plaza de Castilla (no está aforado ante el Supremo de Manuel Marchena) por un delito cometido en sede parlamentaria. Todos ellos saben que el sistema lo blindará y que, tal y como están hoy en día las cosas, cualquiera que denuncie saldrá trasquilado, salvo que el denunciado sea alguien de Podemos, como ha quedado ya sobradamente probado. 

En Canarias tenemos una vez más uno de esos casos de libro de denunciante de mentiras en una comisión parlamentaria que se quedó con las ganas. Se trata del ingeniero Francisco Cabrera, que en 2007 denunció a José Manuel Soria ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por haber mentido descaradamente en la comisión parlamentaria en la que se investigó un concurso eólico durante el tiempo en el que el consejero de Industria, responsable de la cosa, era su hermano Luis. Soria era entonces un personaje intocable. Presidía el Cabildo de Gran Canaria, lo que compatibilizaba con el liderazgo del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, socio plenipotenciario de Coalición Canaria.

La trama eólica, la que el Parlamento investigó de una forma absolutamente chusquera, fue el primer gran caso de corrupción de la era Soria, y consistió básicamente en el tráfico de información sobre un concurso eólico en ciernes desde la consejería que comandaba Luis Soria hacia determinados empresarios, algunos de los cuales terminaron condenados por la justicia muchos años después. Hubo de todo en aquella tramitación: desde un viaje privado del consejero a Brandeburgo junto a uno de los condenados para conocer la fábrica de turbinas que se pretendían, hasta un alto funcionario untado por un empresario más espabilado de la cuenta (luego ambos condenados por cohecho) para que le facilitara las bases. Uno de esos empresarios, José Ignacio Esquivel, participaba a través de una empresa de su grupo en la asignación de potencia eólica en el estratégico puerto de Arinaga, la zona con mejor régimen de vientos de la isla de Gran Canaria para la instalación de un campo de molinos. Un hermano suyo, Javier Esquivel, poderoso empresario portuario del sector logístico, prestó a José Manuel Soria durante 21 meses un chalet en una privilegiada zona de Santa Brígida coincidiendo con el tiempo de ese concurso y con la presencia del líder popular y su hermano en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, órgano decisivo en unas concesiones pretendidas por el casero.

Fue precisamente la presencia de Soria en una reunión de ese órgano la que trató de ocultar ante la comisión de investigación del Parlamento canario. Cuando compareció ante sus señorías y fue preguntado por el PSOE por su participación en los trámites para otorgar al grupo Esquivel una concesión para un campo de vientos en Arinaga, el interpelado dijo sin ponerse colorado que él ya se había ausentado del consejo de administración cuando se abordó tal cuestión. Era falso, como acreditaron los demás testimonios y un certificado de la secretaria del consejo de administración del organismo portuario.

El ingeniero Francisco Cabrera denunció aquella flagrante mentira en comisión parlamentaria por ser parte interviniente en aquel proceso. Él trabajaba en el Cabildo de Gran Canaria y fue el alma mater de aquel proyecto experimental de probar los vientos en el puerto de Arinaga. Alguna mano negra poco anónima le pasó aquel proyecto público a Esquivel y con él consiguió que el puerto le otorgara la ansiada concesión que en realidad debió haber ido a parar a manos de una empresa pública tutelada por el Cabildo que Soria presidía: Megaturbinas de Arinaga.

La denuncia de Cabrera cayó en saco roto desde el principio. La fiscalía se mofó del denunciante empezando sus pesquisas por pedir al Parlamento de Canarias que certificara que José Manuel Soria era diputado regional y miembro de esa misma comisión, lo cual, como cabe colegir fácilmente, era público y notorio, además de noticia de portada en todos los diarios e informativos de radio y televisión de la periferia. Una acción muy natural esa de la fiscalía, por entonces en manos en la provincia de Las Palmas de Guillermo García-Panasco, cuya esposa pasó ese mismo año a ser alto cargo del PP en la Consejería de Sanidad, y el mismo fiscal que años después encabezó la cacería contra la magistrada Victoria Rosell, adversaria de Soria al Congreso de los Diputados, instantes antes de que entrara en escena el exjuez Alba, ya condenado a prisión.

En el TSJ de Canarias, la denuncia corrió una suerte similar, como todas las que por entonces se interponían contra José Manuel Soria. Era un personaje muy poderoso al que el que no le tenía miedo le rendía pleitesía y veneración. En plena sintonía con la fiscalía, el TSJ archivó las diligencias abiertas alegando que el delito no había sido suficientemente probado y que de haber mentido el denunciado, sus afirmaciones no habían tenido “una trascendencia definitiva” en las conclusiones a las que llegó aquella vergonzosa comisión de investigación.

Efectivamente, desde el principio ni a la fiscalía ni al tribunal le pareció que la secretaria accidental del consejo de administración de la Autoridad Portuaria tuviera cualificación suficiente para certificar lo que certificó, es decir, que Soria estaba allí, en aquella sesión del órgano portuario. Decían, con esa solemnidad impostada que se le ponen a los escritos judiciales cuando se trata de vender un espantajo, que no era secretaria de carrera y que, por lo tanto, no era fedataria pública suficientemente dotada. No se dignaron llamar a la decena de personas que estuvieron presentes en el consejo porque descalificar su testimonio habría sido un poco más complicado.

Pero la segunda parte de las razones del archivo fueron todavía más estrambóticas. Sus señorías esperaron a que se publicaran las conclusiones de la comisión de investigación para ver si haber mentido en lo que mintió Soria fue decisivo o no, algo que no dice en ninguna parte ni el Código Penal ni la inexistente jurisprudencia sobre falsedades en una comisión de investigación parlamentaria. Y ¿qué dijeron las conclusiones de una comisión de investigación dominada por el PP y Coalición Canaria sobre una corrupción del PP? Pues que el verdadero cabecilla de la corrupción no fue ni José Manuel Soria ni Luis Soria, el consejero del ramo, sino el presidente del consejo de administración de Canarias Ahora, que ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados en el juicio que mucho más tarde pudo celebrarse.

Jamás el Parlamento de Canarias había dado cobijo a una burla semejante a la verdad y al respeto a la ciudadanía. Jamás una decisión judicial había sido tan cómplice de una chafalmejada parlamentaria. Pero la conclusión es verdaderamente aterradora: se puede mentir sin problema a una comisión de investigación formulada en donde reside la soberanía popular, y se puede fabricar una verdad oficial a la medida de los corruptos siempre que cuenten con mayoría parlamentaria suficiente. Así estamos. Y así se puede explicar la actitud pasota y hasta burlesca de Mariano Rajoy.