El TSJM tumba la residencia privada que Almeida autorizó en Retiro sobre una parcela con edificabilidad agotada
Revés judicial para uno de los proyectos urbanísticos privados más polémicos aprobados recientemente por el Ayuntamiento de la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el Plan Especial que alumbró el Gobierno de Almeida hace poco más de un año por el que se permitía levantar una residencia privada sobre una parcela situada al inicio de la Avenida del Mediterráneo.
La justicia tumba un proyecto que incluía levantar un edificio de nueve plantas y tres sótanos de aparcamientos. Un actuación de 4.032 metros cuadrados aprobados sobre una finca conocida como Los Chopos, impulsada por una cadena geriátrica, que gestiona otras residencias de ancianos y que aquí quería abrir un centro llamado Caser Residencial Retiro.
La sentencia es demoledora para el equipo municipal porque estima tres de las cuatro razones esgrimidas por el PSOE en una demanda que interpuso en enero de este año. Los socialistas consideraban que el Ayuntamiento de Madrid hacía una “invención” al calcular la edificabilidad de esta parcela en función de la existente en las manzanas residenciales que bordean el ámbito, “modus operandi que en ningún caso está previsto”, explicaba el partido en su denuncia. “Dicha nueva edificabilidad se determina según los usos situados en la misma manzana, no en las circundantes”, añade recordando que la posibilidad de nuevas construcciones está “agotada” y que el proyecto, tal como está planteado, es ilegal.
El TSJM admite que el plan otorgó a la parcela una edificabilidad superior a la permitida por el Plan General de Ordenación Urbana. También que se omitieron los requisitos de evaluación ambiental estratégica y las cesiones obligatorias derivadas del incremento de edificabilidad, lo que infringe la normativa urbanística. Por ello, la sentencia anula el plan e impone las costas del proceso al Ayuntamiento y los codemandados, limitándolas a un máximo de 2.000 euros para cada parte.
“Dijimos varias veces que estaba mal hecho, que era un chanchullo marca PP de Madrid”, asegura Antonio Giraldo, el concejal que lideró las críticas socialistas y que ahora considera que queda demostrado el “traje a medida a los intereses privados de una persona que regenta este hospital, que quería hacer una ampliación a todas luces ilegal”.
Giraldo también apunta que el particular debía haber hecho un plan que incluyera cesiones al Ayuntamiento. “Es decir, que nos dé a los madrileños lo que nos corresponde, o bien en metros cuadrados o bien en dinero. Lo han intentado eludir contra la normativa”, lamenta a la vez que recalca que los madrileños van a tener que pagar 2.000 euros en costas. “Espero encima que no tenga la mala idea de recurrir lo que no van a ganar jamás”.
La primera información sobre este proyecto fue publicada en Somos Madrid en marzo de 2023. Entonces el plan preveía abrir un hospital privado (luego se supo que se convertiría en residencia) con una enorme edificabilidad y abultadas cifras: el proyecto preveía recaudar 25,2 millones al año, además de ingresar 3,6 millones de beneficios en cada ejercicio.
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