El PSOE denuncia a Almeida por autorizar una residencia privada en Retiro sobre una parcela con edificabilidad agotada

Polémica urbanística junto al parque del Retiro. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid acaba de denunciar la aprobación por parte del consistorio de un proyecto urbanístico para levantar un centro residencial privado en una parcela en la que, aseguran los socialistas, no es posible construir más edificaciones. El desarrollo está ubicado en el número 3 de la avenida del Mediterráneo, a un paso de la gran zona verde madrileña, y tiene el beneplácito del Ayuntamiento desde el pasado mes de octubre, cuando el pleno aprobó esta iniciativa privada con los votos de PP y Vox.

La denuncia contencioso-administrativa acaba de ser admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde comienza un recorrido judicial que pone en duda el planeamiento permitido por el equipo de Almeida. El PSOE certifica en sus argumentos que la edificabilidad está agotada y, por lo tanto, no se pueden levantar nuevas construcciones. Incluido el edificio de nueve plantas, tres sótanos para aparcamientos y 4.032 metros cuadrados aprobados sobre una finca conocida como Los Chopos, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

El PSOE indica que el Ayuntamiento de Madrid hace una “invención” al calcular la edificabilidad de esta parcela en función de la existente en las manzanas residenciales que bordean el ámbito, “modus operandi que en ningún caso está previsto”, explica el partido en su denuncia. “Dicha nueva edificabilidad se determina según los usos situados en la misma manzana, no en las circundantes”, añade recordando que la posibilidad de nuevas construcciones está “agotada” y que el proyecto, tal como está planteado, es ilegal. 

Los socialistas aseguran además que los cálculos de edificabilidad elaborados por el Ayuntamiento son incorrectos. Y que sus impulsores están evitando las cesiones correspondientes -en forma de terrenos o abonos en metálico- por el aumento de la capacidad de construcción para un negocio privado.

Aunque el Ayuntamiento solo identifica a “particulares” en el impulso de esta operación urbanística, en este negocio está implicada la marca Caser, que gestiona varias residencias de ancianos a lo largo de la geografía nacional y que aspira a abrir en la parcela otra que se llamará Caser Residencial Retiro. El expediente consultado por Somos Madrid indica que este centro, que ya ha pedido licencia, se dedicará a la atención especializada para pacientes de geriatría “con afecciones neurológicas de consideración” y hospitalizaciones periódicas. Formalmente, el edificio se levantará como un hospital general de nivel 1 y el estudio económico asegura que contará con varios quirófanos.

La compañía perteneciente al grupo Helvetia creó en 2018 la empresa Caser Residencial Retiro, coincidiendo con la primera petición del proyecto al Ayuntamiento de Madrid, durante la época en la que Manuela Carmena gobernaba en Cibeles. Pero el expediente no avanzó hasta que Almeida no llegó al poder. El proyecto apareció por vez primera a información pública en marzo del año pasado.

En la manzana de la operación urbanística denunciada se encuentra actualmente otra dotación sanitaria privada, la Clínica del Dr. León, dedicada al tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas y actualmente con 96 camas. En sus escritos para justificar la necesidad de este nuevo equipamiento sanitario, sus impulsores explican que la propia clínica ha creado “una especialización local” que “exige” levantar el nuevo hospital propuesto. La altura de nueve pisos se propone para “conseguir la homogeneización” de los volúmenes de la manzana.

Los costes de construcción del hospital serán de 11,3 millones de euros, según el plan económico-financiero presentado. Los gastos anuales rondan los 20,3 millones y los ingresos previstos se elevan a 25,2 millones, con unos beneficios netos esperados después de impuestos de unos 3,6 millones. Según estas cifras, en tres años quedaría compensado su coste de construcción. Aunque, por si queda alguna duda de la viabilidad económica de la operación, la propia memoria recuerda que la venta de edificios en la zona suele reportar unos beneficios inmediatos del 35% sobre la inversión inicial.

Antonio Giraldo, edil que firma la denuncia del PSOE que ha llegado al TSJM junto a su compañero Pedro Barrero, denuncia además de problemas en la edificabilidad de la parcela, otros incumplimientos en la altura de la edificación, en las condiciones de ocupación o con la normativa en materia de gestión del ruido.

“Lo que habría que hacer no es tramitar esta chapuza de Plan Especial, sino hacer una Actuación de Dotación para incrementar la edificabilidad”, explicaba hace unos días en un hilo de X. Y asegura que el Ayuntamiento no lo hace porque el propietario debería en ese caso ceder metros cuadrados al consistorio o monetizar una parte en favor de las arcas públicas. “Que nos dé a los ciudadanos lo que corresponde”, le dijo Giraldo al delegado Borja Carabante durante el debate de la votación en la que se aprobó el desarrollo. Entonces defendía que estábamos ante un “aprovechamiento lucrativo” para construir una residencia de ancianos. “El interés privado del promotor es el que dicta cómo se hace el planeamiento en nuestra ciudad, cuando debería ser al revés”, denunció entonces Giraldo.