Hay un auto decisivo del juez Alexis Reyes en relación con esta pieza separada de las conversaciones telefónicas en las que aparecen Adán Martín, Domingo Berriel y el entonces director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias. Ese auto tiene fecha 2 de febrero de 2007, y en él, el juez decreta la ampliación de los delitos imputados a Santana Cazorla e incluye en ellos a los citados cargos públicos. Pero por tratarse, en el caso de los dos primeros, de personas aforadas, el juez empieza a plantearse la obligación de deducir testimonio “a los efectos de su posterior reparto al órgano competente, lo cual no se puede acordar en el momento actual porque se perdería la finalidad del secreto de las actuaciones acordada en autos”. Lo clavó, oiga. Pero acabó mandando la pieza separada siete días después.