En todo este proceso, Juan Fernando López Aguilar ha vaticinado que con el cambio en del Poder Judicial que llevaba el PSOE en su último programa electoral no se volverá a repetir la hibernación de cargos por artimañas de un grupo parlamentario: “un CGPJ interino ya no podrá hacer nombramientos y sus vocales tendrán que disolverse y dejar paso a una reducida comisión de gestión”, dice. Así, los bloqueos parlamentarios dejarán de tener sentido por su “falta de operatividad”. Y es que a pesar de su excepcionalidad, el todavía presidente del CGPJ, Rafael Hernando, siguió nombrando cargos y tomando decisiones, algunas muy brasileñas: elevó al Supremo a varios magistrados (Contencioso, Social y Militar), designó tres presidentes de Audiencias (Cantabria, Las Palmas y Rioja) y fichó a periodistas para gabinetes de prensa judiciales. Aguilar considera todas estas decisiones “criticables”, entre ellas la citada nominación de Pilar Parejo al frente de de Las Palmas y de Ángel Acevedo como presidente de de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Porque entre las “funciones” de un órgano “en funciones” no está la de propiciar nombramientos sabiendo que la composición del “cuerpo electoral” no procede de las actuales Cortes. Legal sí es, pero estética y éticamente chirría. Y Aguilar ha tomado nota.