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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

La ofensiva

La fiscal María Farnés Martínez-Frigola.

El último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz, se paseaba ufano este martes por la ciudad presumiendo de que en breve la jueza de Instrucción número 4 de ese partido judicial archivará el llamado caso Reparos. No era el único José Alberto de Coalición Canaria que este martes, con el calor que hizo, sacó la lengua a paseo. Su doblemente tocayo Díaz Estébanez, ex concejal en Santa Cruz y hoy parlamentario regional, desplegaba en Radio Marca Tenerife su amplia tradición democrática para afirmar, entre otras frases para la posteridad, que “en las últimas elecciones se hizo una limpieza étnica para echarnos de todos los sitios como fuera; se pervirtió el deseo del pueblo canario y el tinerfeño”.

Hubo un tiempo, no han pasado ni siquiera quince años, en que las fuerzas vivas de Tenerife se conjuraron para proteger a sus corruptos. Consideraban un ataque del “sanedrín canarión” que se publicaran en la prensa de la isla de enfrente (y solo en la prensa de la isla de enfrente) las informaciones relativas al caso de Las Teresitas, que, como todo el mundo sabe, acabó con duras condenas de cárcel para los principales encartados. 

José Rodríguez Ramírez, por entonces editor y director de El Día, llegó a convocar al todo Tenerife a un acto de unidad insularista en el hotel Mencey y logró que su competidor de siempre, el Diario de Avisos, cuando era propiedad del poder platanero, publicara simultáneamente un artículo editorial en los mismos términos de defensa de sus corruptos y de ataque a la administración de justicia y a la pérfida Tamarán, el Secarral, por meterse en sus asuntos.

Bajo la cabecera de El Día, quién lo iba a decir, se llegaron a publicar artículos con la misma finalidad conspiranoica que ahora, pero atacando a La Provincia por participar precisamente en lo que ahora La Provincia acusa que hacemos los demás. Andrés Chaves, escribano mayor, lo llamaba libelo, y sobre Las Teresitas llegó a decir cosas como esta: “Un intolerable juicio mediático que ha sido aprovechado por otros medios para iniciar una danza maldita contra personas con certificado de honorabilidad, basándose en un informe policial que -dicho categóricamente- miente, tergiversa, malinterpreta y falsea míseramente (con la interpretación más estúpida) situaciones y hechos”. Casi acierta.

Periodistas de ‘La Provincia’ acosados

Eran tiempos aquellos en los que periodistas del periódico La Provincia eran acosados e insultados nada más bajarse del barco cuando acudían a Tenerife a investigar sobre el caso porque en esa isla ningún colega se atrevía a publicar una sola línea sobre el escándalo de corrupción más gordo de cuantos se han juzgado en Canarias.

Ahora, Coalición Canaria y los periódicos de Prensa Ibérica están haciendo exactamente lo mismo que entonces hacían las fuerzas vivas tinerfeñas: lanzar a los cuatro vientos el mensaje de que la corrupción en Canarias no hay que investigarla, particularmente si la corrupción es atribuible a ese partido. Ya no tienen a don Pepito para lanzar soflamas incendiarias y desquiciadas, ni se culpa al sanedrín canarión de estar detrás de esas investigaciones. Ahora que los dos periódicos son del mismo dueño se culpa a jueces y fiscales de maniobrar, en conjunción con partidos políticos y medios de comunicación, para perjudicar sus intereses legítimos.

Los destinatarios de la campaña son la fiscal jefa anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, y el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, al que acusan sin disimulo de participar de una conspiración político-judicial contra el expresidente Fernando Clavijo y contra su partido, así, en general. Para hacerlo, los escribanos de ambos periódicos, en un ejercicio sublime de periodismo creativo, han sido capaces de inventarse los hechos, intercalar acontecimientos, cambiarles los protagonistas y retorcer sentencias y autos judiciales hasta adaptarlos a su conveniencia del momento. Experiencia hay acreditada en esas casas.

Pongamos algunos ejemplos: escribe Paco Pomares que Astor Landete, presidente de la Audiencia Provincial, “instruyó el caso de Las Teresitas”. Falso. El caso Las Teresitas lo instruyó inicialmente la magistrada Carla Bellini en el TSJC hasta que, en una jugada clásica de Coalición Canaria, el principal encartado, Miguel Zerolo, hoy en prisión, fue convertido en senador y la parte de la causa que le correspondía se envió al Supremo. Luego, cuando Zerolo dejó de estar aforado, el sumario regresó, pero a un juzgado de Tenerife (Instrucción 1 de Santa Cruz), que lo envió a juicio, eso sí, a la Audiencia Provincial. La sala que juzgó y condenó a Zerolo, a los empresarios Plasencia y González, el concejal Parejo y a otras personas estaba compuesta por tres magistrados, entre los que efectivamente se encontraba Joaquín Astor Landete. Pero el ponente de la sentencia no fue él sino Jaime Requena Juliani. Por cierto, una sentencia que fue ratificada casi por completo por el Tribunal Supremo, al que tanto se elogia ahora.

Por lo tanto, hacer recaer en el presidente de la Audiencia Provincial el liderazgo de unas acciones coordinadas contra Coalición Canaria a través del denunciante de Las Teresitas, que es el mismo Santiago Pérez que denunció el caso Grúas y el caso Reparos, se desmorona desde el primer momento.

A Landete le atribuye también la acorazada mediática de Coalición Canaria pretender quedarse con el caso Grúas para poder de ese modo emplumar por la vía de una condena de alto voltaje al expresidente Clavijo. Si se documentaran un poco mejor antes de lanzarse a pontificar de ese modo que pontifican sabrían que la sala del presidente de la Audiencia Provincial no hubiera podido jamás juzgar a nadie del caso Grúas por haber resuelto recursos durante la fase de instrucción, antes justo de que la jueza de La Laguna enviara su exposición razonada al Supremo, donde fue archivada la parte correspondiente a Fernando Clavijo.

Hablando de la exposición razonada: resulta muy elocuente el hecho de que la jueza Blanco la redactara y la enviara al Supremo después de que ella misma hubiera ordenado la práctica de determinada prueba que resultó esencial para esclarecer algunos hitos del caso Grúas. La causa ya estaba en el Supremo, por ejemplo, cuando declaraba ante ella, ante la fiscala anticorrupción y ante las partes personadas, nada menos que el primer dueño de Grúas Poli, que soltó unas cuantas perlas referidas al papel decisivo que desempeñó Clavijo en el enchufe y colocación de un par de amigos al frente de la empresa antes de otorgarle el préstamo de 120.000 euros y de renovarle la concesión sin cumplir los requisitos legales pertinentes. Falta por saber quién sugirió tal diligencia a la jueza instructora para que enviara al Tribunal Supremo la causa sin haberla terminado de instruir, sin esperar por la Fiscalía y sin mayores conclusiones.

Pero eso del Supremo será algo que el propio Supremo dilucidará cuando reciba el recurso de súplica que ha interpuesto Santiago Pérez y que, como no será atendido, acabará en el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Tiempo al tiempo, que también Coalición Canaria hizo campaña a favor de Zerolo y ahí lo tienen al hombre, olvidado en Tenerife II.

En los mismos periódicos de Prensa Ibérica sumó su firma a la campaña contra la campaña la periodista Marta Cantero, jefa de Contenidos de la Cadena Ser en Canarias, quien con un artículo titulado “La fábrica de escándalos” arremetió este domingo contra todo bicho viviente, incluido, al parecer, un servidor. “Hubo un tiempo en que se puso en marcha el mismo ventilador”, escribe Cantero, “por los mismos y contra los mismos”, en referencia -por lo que se deduce de su descripción- a casos como Faycán, que en realidad fue una operación en la que se investigaba la corrupción del Partido Popular en Telde y en la que no aparecía por los alrededores ninguno de los denunciantes, ni por supuesto de los denunciados, del caso Grúas. Ni siquiera había nacido Podemos, ni Santiago Pérez pasaba por allí.

En aquella operación, relata, “cayeron como moscas alcaldes, concejales y empresarios sospechosos de formar parte de una red de corruptelas que acabó en nada. La operación se convirtió además en un reality show por la connivencia de una parte de la clase política con una parte de la policía (que aún no recibía el nombre de “patriota”) y el oportuno linchamiento de algunos medios de comunicación”.

Vayamos por partes. Si hubo un periódico que se caracterizó por tener las mejores fotos o, en su defecto, llegar antes que ningún otro a los escenarios donde se iban a producir detenciones, ése era precisamente La Provincia, para el que escribe ahora la señora Cantero. Un equipo de media docena de periodistas se ocupó de darnos a los competidores sopas con honda; entre otros, un redactor devenido ahora en palmero de la olvidadiza articulista, que la jalea en las redes sociales por escupirle a él en los zapatos. Fascinante.

Que las causas de corrupción acabaran “en nada” es bastante discutible. Precisamente el caso Faycán se saldó con una veintena de condenas porque la mayoría de los encartados reconocieron los hechos para recibir una sentencia benévola. A los demás, entre ellos dos exalcaldes de Telde, los absolvió el juez Alba escondido tras una baja médica para impedir que lo separaran de la carrera judicial cuando ya estaba suspendido. Por contarlo todo completo.

Antonio Doreste, la guinda

La guinda a la campaña y en la misma edición del domingo de Prensa Ibérica, la puso el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. Si alguien a estas alturas se pregunta si debió haber sido designado juez por el cuarto turno (juristas de reconocido prestigio) la respuesta la ofreció él solito en esa entrevista-masaje.

A su entender, la Fiscalía no debería investigar los reparos que levantan los alcaldes y presidentes de cabildos, ni siquiera cuando sean sospechosos de ser delictivos, porque si fuera así tendría que investigar miles y miles. Muy bonito. Un concejal o una concejala que observe irregularidades en operaciones, como la que tiene en sus manos el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, no debe cumplir con su deber constitucional de denunciarlo porque puede que se lo afee el presidente del TSJ de Canarias. ¿Y una fiscala investigarlo? Ni hablar. Son 5.500 reparos en toda Canarias y la Fiscalía colapsaría los juzgados. No me toques a Clavijo, le faltó decir.

Y aquí viene la vara de medir de un reparo con visos de ilegalidad para el jefe de la Justicia en Canarias: “Un alcalde que dice “voy a construir una carretera por aquí” y le advierten todos los informes que no, que por aquí no, que es un espacio protegido, pero él se empeña en que sí. Eso es prevaricar”.

En este punto es preciso recordar de qué modo llegó el señor Doreste al puesto que ahora ocupa. Él niega en esa entrevista haber tenido vinculación política con Coalición Canaria porque la única militancia que reconoce es la que tuvo en el CDS, el partido de Adolfo Suárez, al que al parecer aún hoy sigue venerando. El caso es que fue director general de Función Pública y luego consejero de Industria en un gobierno presidido por Lorenzo Olarte, que luego acabó integrándose en Coalición Canaria. Justo tras salir del Gobierno, ya con CC en plena ebullición creacionista, consigue meterse en la carrera judicial mediante el procedimiento denominado del cuarto turno, reservado para “juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional”. Doreste era profesor de la Universidad de La Laguna y había ejercido como juez suplente en las salas de lo Contencioso-Administrativo y en la de lo Social, además de los tres años que dedicó íntegramente a la carrera política junto a Olarte. Pero ya desde entonces se movía a la perfección en los ambientes del poder insularista.

Es ya un presidente por entonces indiscutiblemente de Coalición Canaria, Román Rodríguez, promocionado por Lorenzo Olarte, el que nombra a Doreste en 2002 presidente del Consejo Consultivo de Canarias. Y es Coalición Canaria la que termina aupándolo en 2014 a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias gracias al desinterés del PSOE, que prefirió a un hombre vinculado a los poderes tradicionales tinerfeños (pese a haber nacido en Vegueta) que al candidato progresista propuesto desde Las Palmas.

Claro que Doreste le debe mucho a Coalición Canaria y así las cosas es comprensible la actuación que tuvo durante toda la tramitación del caso Grúas, su empeño en quedárselo en el TSJC, los votos particulares que emitió para que a Clavijo se le mantuviera el aforamiento y su posición descaradamente de parte por desactivar el caso Reparos. “Al aforamiento hay que quitarle ese matiz negativo que tiene, como si fuera un privilegio, como cree la gente, cuando en realidad es una garantía”. Sin duda, el aforamiento es una garantía. Él lo sabe bien.

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Publicado el
16 de junio de 2020 - 23:14 h

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