Mucho criticar las medidas del Gobierno de Zapatero, pero nadie en Canarias hace un gesto razonable por disminuir el gasto público donde verdaderamente es sangrante, y no acudiendo a lo fácil, a reducir en Sanidad y Educación y a echarle la culpa a Madrid. Porque, que recordemos, la decisión del Gobierno de España de liquidar veintinueve empresas públicas todavía no ha tenido traslación a Canarias, donde nos gastamos cada año 1,2 millones de euros solamente en mantener abiertas siete oficinas de representación en el exterior. Según publicaba este domingo El Día (que tiene periodistas cojonudos, pese a quien les manda) un diputado del PP por Jaén, el famoso Eugenio Nasarre, ha pedido que se liquiden esas oficinas. Suponemos que don Eugenio se refiere a las de la Junta de Andalucía y no a las de Canarias en Venezuela, Madrid, Bruselas, Agadir, Nouakchott, Dákar y Praia, que allí su José Manuel Soria y Paulino Rivero han de seguir manteniendo a una corte de estómagos agradecidos y cuñadísimos varios con sueldos superiores en 13.000 euros al que cobra el mismísimo presidente de la Comunidad Autónoma.