A medida que escarbamos un poquito más en el escándalo de la ONG Mundo Nuevo, esa que se ha agenciado para sus bolsillos 2,5 millones de euros públicos por la gestión nada lucrativa de los centros de menores inmigrantes, nos llevamos la manos a la cabeza. Y esperen a ver las imágenes de cómo mantenían los centros los multiempresarios de chapa y pintura. Porque la investigación llevada a cabo desde Santa Cruz por la periodista de raza que es Belén Molina pone patas arriba el convenio prorrogado por Inés Rojas, consejera de Bienestar Social, y el grupúsculo este presidido por Domínguez Navarro que en 2008 dio vía libre a que el negocio de las pateras revirtiera también en cuentas corrientes patrias. Pasen y hagan cuentas: el Gobierno de Canarias firmó esa prórroga infumable de la adjudicación otorgada en la etapa de Marisa Zamora como consejera, con un sinfín de obligaciones para la Administración Pública. Y casi ninguna para la adjudicataria. Les detallamos, a continuación las condiciones ultrasecretas de la cláusula 8.3 de ese convenio que explotó al máximo la llegada de pateras a las Islas con menores a bordo: más de 36.000 euros limpios al día para una asociación sin ánimo de lucro y con mucho ánimo de reventar el SIVE, el Frontex, y lo que haga falta para que vuelva la avalancha a llenar sus centros ahora cerrados. Por la gracia de Rubalcaba.