De confirmarse la interposición de ese contencioso-administrativo por parte de Videoreport Canarias, el Gobierno se enfrentaría a una curiosísima paradoja jurídica: mientras el proveedor de contenidos lo demanda por incumplimiento de contrato, la Justicia anula ?aún pendiente de sentencia firme- el concurso por el que Videoreport se convirtió en proveedora de esos servicios de informativos para el ente Radiotelevisión Pública de Canarias. Con lo que empezaríamos a dudar de qué decisión convendría más al Gobierno, si que se anulara el concurso y se devolviera a Socater el contrato y por lo tanto la gestión completa de la Televisión Canaria, con la consiguiente y muy millonaria indemnización a Videoreport por las cuantiosas inversiones realizadas y el lucro cesante, o que la justicia diera la razón a esta empresa y el Gobierno tuviera que a) mantenerle los 18 millones anuales de pago por las prestaciones contratadas; o b) compensarle con la explotación total de la televisión y la radio públicas, regresando de ese modo al momento Socater, con el añadido de la radio, ya convertida en una comercial más. La verdad es que se pone bonito el panorama.