Los imputados se enfrentan a una petición de condena por parte del Ministerio Fiscal de nueve años de inhabilitación, lo que de producirse, rompería en mil pedazos la ya de por sí maltrecha gobernabilidad satauteña. Además, no podrían presentarse a las elecciones hasta después de 2014, por lo que se perderían dos autonómicas y locales y tres generales. Todo el lío viene del anterior mandato, cuando una vecina con mucho coraje y algo más denunció a estos cargos electos después de que el Ayuntamiento le derribara unos parterres de su propiedad sin expediente administrativo de demolición y sin darle audiencia, o sea, sin garantizar a la ciudadana en cuestión el mínimo exigible en un Estado de Derecho.