No es sencillo el papelón que tiene ante sí el juez Frías, conocedor desde hace un año de esa conversación entre Paulino Rivero y Berto González Reverón. Por tratarse de una personalidad aforada, el juez no puede investigar ese presunto delito de tráfico de influencias, y de considerar que lo hubo, está en la obligación de remitir una pieza separada al tribunal competente, el TSJC. De hacerlo, sería la tercera ocasión en que un juez instructor se tropieza con una aforado cuando está investigando a personas que no gozan de tal consideración. El primero, que recordemos, fue el del magistrado Parramón, que se tropezó de sopetón con el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, cuando investigaba el caso Eolo. Martín aparecía hablando con uno de los investigados sobre un trato de favor a un narcotraficante cuya causa habría de verse en la Sala que presidía el ex magistrado. A Parramón se le llegó a acusar por algún jurista de reconocido prestigio (sic) de haber tardado más de la cuenta en remitir la pieza separada al alto tribunal canario, si bien en alguna ocasión hemos sospechado que esos juristas prestigiosos lo que venían a verter era un reproche por haberlo hecho.