Como adelantamos el pasado día 10 de agosto, a raíz de un revelador comentario de Óliver Alonso (directivo del grupo Domingo Alonso, S.A.) en Facebook, una parte del empresariado canario se ha conjurado para acabar con la etapa de Paulino Rivero como presidente del Gobierno de Canarias. Hasta ahora no lo habían encontrado reo de los problemas que acucian a Canarias, tanto de los que forman parte de sus endemismos como los que nos vienen dados por las normas básicas del Estado, de obligado cumplimiento. Son los mismos empresarios que le hacían la ola cuando Rivero compartía pesebre con José Manuel Soria, pero desde octubre de 2010 en que el líder del PP canario decidió poner pies en polvorosa, el presidente se ha convertido en un auténtico inútil. A pesar de los evidentes (y seguramente insuficientes) esfuerzos del Gobierno por reducir sus gastos, este lobby carga las tintas contra Rivero por sostener una administración que considera instalada en el “despilfarro”. Se han reducido empresas públicas, donde se ejecutan reducciones de personal de alrededor de 400 trabajadores; se rebaja el número de asesores y correveidiles; se suprimen alquileres de sedes, y las que quedan se agrupan; se dejan de cubrir plazas de trabajadores públicos jubilados; se sustituyen viajes por videoconferencias; se modifica la política de coches oficiales? y el Círculo continúa hablando de “despilfarro” porque lo que ahora conviene es decir que el Gobierno canario está instalado en una “desesperante” “inactividad”, que se solucionaría si el presidente fuera otro. El otro.