Ya saben que la perreta bajo la que la alcaldesa Mari Pino Torres ha camuflado la desactivación del Consorcio del Sur ha sido precisamente el nombre de este organismo. Ella quiere que se escriba siempre con todas sus palabras, y considera que es ilegal el presupuesto y todo lo que lleve como membrete “Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria”, nombre abreviado acordado entre todos y utilizado incluso por escrito por el quejoso Ayuntamiento que preside la señora Torres. Detrás de esa majadería no hay otra cosa que el intento de Nueva Canarias y de su compadre de andanzas Marco Aurelio Pérez de controlarlo todo, particularmente las adjudicaciones, ante la terrible evidencia de que el gerente dimitido, José Fernández, no se dejaba mangonear. De hecho, si se van a la página 15 de esta elocuente acta, comprobarán cómo el ex gerente señala con el dedo acusador a quienes trataron de utilizarlo para componer los órdenes del día a espaldas de los restantes miembros del consorcio. Como no pasó por ahí, palo y tentetieso, acusándolo de las más graves irregularidades que un funcionario público pueda cometer.