Las desavenencias entre Castellano y el Organismo Autónomo de Museos datan de seis años atrás, cuando comenzó contra él una campaña de desprestigio que dio lugar incluso a una demanda laboral que acabó con una condena a la institución, que tuvo que pagar 54.000 euros (18.000 por daños físicos y 36.000 por daños morales) al denunciante. La sentencia no tiene desperdicio porque en ella se relatan las prácticas absolutamente nazis a las que sometieron al hoy expedientado trabajador, que ha llegado a ser director del Museo de Historia de Tenerife. En esa misma sentencia, en la que se da incluso por hecha la participación en el acoso de un periodista y de una consejera del Cabildo, el juez ordena que cese el acoso al denunciante, acoso que, como vemos, no ha cesado todavía.