Las dos condiciones impuestas por el Cabildo majorero y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han sido aceptadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios: que la cárcel no tenga más de 200 plazas y que no se construya antes de la de Gran Canaria. Pretenden evitar los majoreros que su prisión pueda ser utilizada para alojar a presos de otras islas actualmente con déficit de plazas penitenciarias. Dicen estar ya escarmentados con lo ocurrido con el centro de retención de inmigrantes, que durante muchos años fue utilizado para alojar a las personas que llegaban en pateras a las demás islas. Aún hoy, el centro representa un foco de conflicto, por no decir que incluso de enfermedades derivadas principalmente de su sobreocupación.