En poder de la Policía Judicial

También tienen copia de esos expedientes de la Dirección General de Consumo algunos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de la Policía Judicial, que han analizado con interés la tramitación de todos ellos y los nombres de funcionarios y políticos que han tenido que ver con su presunta y muy pastelosa paralización. El modus operandi detectado hasta el momento podría consistir en la reglamentaria apertura de actas de inspección, visita al establecimiento denunciado, propuesta de sanción, trámite de audiencia al denunciado y resolución con sanción por infracción. Todos los expedientes analizados concluyen en la detección de falta grave con sanciones que llegan a los 3.001 euros. Y ahí se pierde la pista porque no hay constancia de que ninguno de ellos se enviara a la empresa pública encargada del cobro de las multas.