Habrán visto la pelotera que se ha armado en nuestra sección de Opinión de los lectores en torno a lo que ocurre en la Dirección General del Menor, y más concretamente en el Servicio de Ejecución y Coordinación de Programas, conocido como de adopciones. Desde hace semanas les venimos informando de la situación del responsable del servicio, José Enrique Hernández Curbelo, que tiene denunciada a la Administración por lo contencioso y por lo penal al encontrarse sujeto a un traslado que él considera lesivo para sus derechos fundamentales y víctima de acoso moral en el trabajo. La cosa se ha puesto al rojo vivo, porque al hecho cierto publicado aquí de que hay un auto que obliga a la Administración a reponerlo en su puesto, se añade el fleje de escritos de administrados poniéndolo a caer de un burro por malos tratos verbales, por retrasos injustificados y, en definitiva, por ser un mal servidor público. La cosa se enreda porque, para colmo, el interesado llegó a pedir en su momento el traslado al que ahora se opone.