Los juristas consultados discrepan a la hora de calificar la vigencia de las actuales ordenanzas de Policía y Buen Gobierno de 1986 de Santa Cruz de Tenerife. Unos dicen que al abortarse el expediente, las actuales han quedado en una especie de limbo jurídico, en un vacío que obligaría a la Corporación a concluir la modificación del modo que fuera. Otras voces proclaman que la anulación del expediente de modificación y la ausencia de nueva normativa no derogaría la preexistente, lo que significaría que están en vigor las de 1986. Pero para rizar un poco el rizo y, en el caso de que ni siquiera las del 86 operaran, tendríamos que remitirnos a las ordenanzas de 1926, dictadas por el alcalde Santiago García Sanabria, que teóricamente fueron derogadas por las de 1986, ahora en entredicho. Que hablen los letrados consistoriales, que de eso sabrán mucho y que expliquen el silencio ante esta negligencia. Y todo por la ineptitud, la cabezonería, la arrogancia y la falta de riego en el cerebro de ese mal político llamado Ángel Llanos.