El hecho concreto es que existen plazas vacantes que pueden ofrecerse a los afectados y llegar así a un entendimiento pacífico con ellos. Todo eso sin dejar de lado el respeto y la consideración, que pasan en este caso por no olvidar que tan sólo han ejercido un sagrado derecho al solicitar la ejecución de las sentencias que les son favorables. Ellos son las víctimas de unos errores de la Administración que, ya les avanzamos, nadie pagará de momento. Otra cosa es que la futura crisis se lleve por delante a tan nefastos gestores. Pero insistimos, no hay voluntad y eso provoca que el problema se enquiste cada día un poco más. Los afectados aseguran que están hasta el gorro de aguantar impertinencias y malos modos. No son pocos los que ya están preparando querellas que interpondrán por la vía penal, hartos de esperar un rayito de buena fe que no termina de llegar.