Nada mejor para la política de recortes y atentados contra los derechos y el estado del bienestar que descargar al Partido Popular de su responsabilidad y repartirla a partes iguales con las demás fuerzas que gobiernan. Una vez más, la izquierda canaria prefiere darse un tiro en el pie antes que otorgar un metro de ventaja al PSOE. Es lo que han hecho sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda en la convocatoria de manifestación organizada para este sábado en las dos capitales canarias: El Gobierno de Canarias “es cómplice del Partido Popular ya que habla de luchar contra la pobreza pero en sus presupuestos recorta en educación, sanidad y servicios sociales”; “tiene que oponerse de verdad y no solo de boquilla” a los Presupuestos Generales del Estado y a las políticas del Gobierno de España, vienen a decir los convocantes. En cualquier manual del buen revolucionario aparece en lugar destacado la exigencia de separar la paja del trigo y elegir bien a los enemigos, que nunca deben ser confundidos con los adversarios electorales. Hace mucho tiempo que la izquierda española mezcló ambas cosas y considera que lo mejor para tener un concejal es quitárselo al PSOE aunque finalmente lo gane el PP, o como es el caso, protestarle al PSOE, que cogobierna en Canarias, con la misma intensidad que al PP, autor protagónico de la política de recortes que, en cascada, perjudica a los presupuestos de todas las autonomías. Y no sólo desde el punto de vista exclusivamente económico, sino también en el jurídico porque hay leyes básicas del Estado de obligado cumplimiento que, gusten o no a los gobiernos regionales, han de aplicarse. Verbigracia, la supresión de pagas a los funcionarios, la prohibición de contratar nuevas plazas públicas o cubrir las que se amortizan, y hasta la de nombrar jueces sustitutos. Le pasa, por ejemplo, a Izquierda Unida, que respalda al gobierno del PP en Extremadura y a Asturias o a Andalucía. Claro que el Gobierno de Canarias ha de esmerarse en hacerlo mejor, pero acusarlo de ser cómplice del Gobierno del PP, es decir, del maltrato, de los estropicios y hasta del desprecio institucional es tan absurdo que da pena.