Según la denuncia, cuya página 2 pueden leer ustedes en esta misma sección, el alcalde lanzó unas nada sutiles amenazas al propietario del Bazar Ulises para el caso de que no retirara la queja ante el Diputado del Común. Que si la licencia para arriba, que si la licencia para abajo, que si la apertura, que si te lo cierro, que si mira a ver, hombre... Todo ello delante de dos abogados, la asesora del alcalde para materias jurídicas, Montserrat Ortega, y el letrado de Urbanismo, Juan Manuel Trujillo, miembro de la dirección del PP de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos deben conocer a la perfección los artículos del Código Penal que se refieren a las coacciones y las amenazas. Puede que Trujillo, dedicado mucho al urbanismo los últimos años, los haya olvidados, pero doña Montse, que presume con frecuencia de haber sido juez sustituta en San Bartolomé de Tirajana, ha de tenerlos más frescos, que aquellos son juzgados mixtos y lo mismo ven una demanda por reclamación de cantidades que una Operación Góndola.