Asistimos en toda España y nacionalidades confluyentes a un interesante debate acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la comparecencia de los presidentes de nueve empresas públicas privatizadas. Una buena oportunidad para plantear la condición de funcionarios públicos que tenían esos presidentes de empresa cuando fueron privatizados. Las normas de incompatibilidades recogen la obligatoriedad de dimitir en el momento de pasar a privadas esas compañías porque, de otro modo, estaríamos ante unos casos claros de una confrontación de intereses entre la empresa pública y la misma empresa ya privada, lo que pondría en solfa, por ejemplo, la independencia de las actuaciones tomadas antes y después del proceso de privatización. Por no hablar de las razones por las que el accionariado privado ratificó en sus puestos a todos los presidentes públicos que tenían, insistimos, la condición de funcionarios según la ley de incompatibilidades. De otro modo cabría preguntarse si personajes de todos conocidos como Martín Villa, Villalonga, Ferrera... perdieron, en aras de la teoría pepera, la ineficacia de la empresa pública y adquirieron la eficiencia del sector privado por inspiración divina. Pocas garantías de transparencia puede tener el proceso de privatización cuando el Gobierno pone a un presidente de una empresa pública que luego mantiene en la misma empresa privatizada, en los casos en que pudo hacerlo, cuando no es el consejo de administración quien ejecuta el encargo. Un proceso de privatización que dará mucho que hablar.