Será la Sala de Gobierno del TSJC la que finalmente decida qué se hace con el tribunal que ha de juzgar a José Antonio Martín. Si se abstiene la Sala de lo Civil y Penal, formada por Antonio Castro, Margarita Varona y Carla Bellini, lo más natural sería que presidiera el tribunal el presidente de Sala más antiguo, en este caso Humberto Guadalupe, de lo Social. O en su defecto, el presidente de lo Contencioso-Administrativo, Francisco José Gómez Cáceres. Algunos juristas, como el propio Castro, sostienen que tal obligación no existe y que se puede tirar de cualquier magistrado no contaminado. Y si fuera necesario, acudir a Tenerife.