El asunto de Anfi Tauro, consistente en declarar de interés general esa urbanización para que pueda acceder a las camas de excepción previstas en la moratoria, enlaza directamente con el Cabildo de Gran Canaria, que puso en marcha el expediente en 2005. Fue al regreso de Soria de su viaje a Salzburgo y Noruega en compañía del entonces presidente de la empresa promotora, Björn Lyng. Ahora el asunto está en manos del Gobierno, y más concretamente en las consejerías de Turismo y de Medio Ambiente, ante las cuales ha luchado como un jabato Santiago Santana Cazorla con el fin de obtener las 3.600 camas que teóricamente han de repartirse entre todos los pretendientes. Las conversaciones detectadas por los investigadores y la documentación requisada podrían conducir al juez de la operación Góndola a abrir una rama separada y mandarla al Tribunal Superior de Justicia, por si hubiera aforados en los alrededores.