Resulta del todo imposible, por el mero repaso de las competencias que en materia de relaciones con terceros países o navegación aérea internacional tienen los delegados del Gobierno, atribuir a Carolina Darias decisiones que se le escapan por completo. Sí estuvo en su mano, sin embargo, evitar que el director del aeropuerto de Lanzarote cometiera aquel exceso de denunciar a Aminatou ante el juzgado de guardia para que la Guardia Civil la pudiera desalojar del recinto la primera noche de su huelga de hambre, el 14 de noviembre pasado. No lo evitó, eso es cierto. Y ella fue la que, efectivamente, reclamó la presencia de un juez en el aeropuerto cuando se tuvo conocimiento de que el médico que atendía a la activista había certificado que su estado de salud era crítico. Ésa es una de sus obligaciones y de sus atribuciones. Y la del juez,actuar como lo hizo, respetando el derecho de Haidar a continuar con su huelga de hambre en aplicación de la doctrina y de la jurisprudencia españolas.