Desde el punto de vista de los vecinos de Anaga, el asunto es tan simple como que se cumpla de Costas de 1988, es decir, que los caseríos, que cuentan con todo tipo de servicios desde antes de entrada en vigor de , se consideren suelo urbano, de modo que la servidumbre de protección que establezca de Costas sea de , no de 100, pues con esta medición, precisamente, las viviendas de los vecinos quedan fuera de toda ordenación urbanística y a merced de que el Gobierno de Canarias, éste o cualquier otro, ordene el derribo de las casas. Las casas de Hoya Pozuelo disponen también disponen de los servicios municipales y cuentan con licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento de Telde. El Gobierno no recurrió en su día, seguramente por ese gusto que tiene Política Territorial por dejarlo todo en el limbo y luego hacer manejos políticos con el el drama de los administrados.