Todo lo que rodeó la tramitación de las diligencias 8/2008 parecía encaminarse al archivo de la causa. Altos responsables de la Justicia hablaban sin recato por los pasillos de las pocas posibilidades de prosperar que tenía aquella denuncia. La muestra más descarada la protagonizó el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que en la apertura del año judicial aseguró que había hablado con Soria y que éste le había convencido de su inocencia. Por lo tanto, desde ese momento, Ruano dio por archivado el caso. Sus declaraciones fueron el 9 de octubre de 2008, exactamente tres días después de que el TSJC nombrara instructora a la juez Margarita Varona, que sólo había puesto un sólo auto, de fecha 8 de octubre, con tres actuaciones: declarar competente a la Sala, pedir al Cabildo el expediente de Anfi Tauro y citar a declarar para el día 15 de ese mes al denunciante del caso. Es decir, que sin conocer nada de las diligencias que acababan de iniciarse, el responsable de dotar a los juzgados de personal, de material, de coches oficiales y de ordenadores controlados por él ya lo daba por finiquitado. Su gozo tardó nueve meses en llegar en forma de archivo.