Nos limitamos entonces, y lo recordamos ahora, a recabar testimonios, incluso de personas directamente implicadas en la operación, que avalaron por completo nuestras informaciones. Hasta el presidente del Universidad, el juez Gómez Cáceres, llegó a insinuar en una emisora de radio que algo raro había pasado ese día. Pero había que salvar el honor, y los bombardeos a tal fin provinieron de ambas partes. Desde Cádiz se nos envió un requerimiento notarial para que desmintiéramos nuestras informaciones, cosa que no hicimos; y desde el Universidad, un grupo de jugadores anunció públicamente la interposición de acciones judiciales contra nosotros. Nada de eso ha habido, lo que no tiene por qué significar que nos quieran dar la razón, por supuesto.