Comparecieron este miércoles ante el juez como imputados el actual alcalde de Santa Brígida, Antonio Díaz, del PP, y su antecesor y viejo compañero y amigo, Carmelo Vega. Trataron de explicar, cada uno a su modo, lo ocurrido con la condonación del pago de la licencia a la UTE que construye un aparcamiento público en el casco, y como no podía ser de otro modo, las versiones fueron opuestas. El actual alcalde dijo que la culpa fue del entonces secretario de la Corporación, el polémico Marcelino López Peraza, ahora en San Bartolomé de Tirajana. Pero no nos cuadra porque, por lo que sabemos, este funcionario se opuso a la condonación. Carmelo Vega fue más explícito porque, aparte de no negarse a hablar ante los periodistas (dijo que esto de la licencia es una pequeñez en comparación con otras trapisondas de los gobernantes del PP) extendió las culpas de lo ocurrido al ex secretario y al actual concejal de Hacienda, Lucas Bravo de Laguna. Esto se anima, y para el lunes están llamados a declarar López Peraza y el interventor municipal, Santiago Hernández, que también se opuso al trato de favor a la UTE encabezada por FCC.