Aunque les pueda parecer una afirmación excesiva, este viernes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vivirá una jornada triste para los derechos fundamentales. No es baladí que el pleno de la Corporación, donde están representados los ciudadanos, se disponga a aprobar una ordenanza destinada a recortar los derechos de los vecinos en materia de libertad de información y de expresión. Porque las normas reguladoras del reparto de prensa gratuita en las calles de Santa Cruz en realidad esconden el encargo realizado por el dueño del periódico El Día de que se expulse de esa ciudad a un periódico y a una empresa editora que es incómoda para un sector del poder tradicional tinerfeño.