Cualquiera que se haya molestado en leerse las crónicas del juicio y los antecedentes periodísticos sobre el caso Alisios, situado en la ciudad de Telde, puede concluir muy fácilmente que también en ese asunto hay gato encerrado. Se trata, el tal caso Alisos, de una denuncia del clan de los Reyes (Ciuca, para entendernos, socio y compinche del PP, para antendernos) contra el que fuera concejal de Urbanismo, Ildefonso Jiménez, por haber otorgado licencias urbanísticas con informes negativos, entre otras personas, al ex senador y vicepresidente del Gobierno José Mendoza, de su mismo partido, Nueva Canarias. Cuesta mucho trabajo creerse, como ha creído a pies juntillas la magistrada que ha condenado a Jiménez a dieciocho meses de cárcel, que haya un solo político sobre la faz de la tierra capaz de otorgar una licencia con todos los informes técnicos desfavorables; pero es que en el caso que nos ocupa, el que conozca al condenado sabe a la perfección que esas cosas seguro que no las hace, y si las hace, las hace engañado. La pregunta es, entonces, obligada: ¿cómo es posible que haya concedido esas licencias y que la juez haya dado por hecho probado que prevaricó? Muy sencillo, hay que revisar el caso y esperar a que se dilucide si realmente alguien falsificó los informes y/o dio cambiazo, como parecen apuntar unas investigaciones avaladas por informes periciales de la Guardia Civil.