En su escrito ante el Poder Judicial, el dueño de El Día se desparrama en la defensa de la libertad de expresión, que a su juicio le permite editorializar sobre lo que considere más oportuno y pronunciarse del modo que le venga en gana. Pero de la misma manera que reclama para sí ese derecho constitucional, se lo niega a los cinco jueces y el fiscal que opinaron que sus artículos editoriales podrían ser constitutivos de delito por vulnerar el artículo 510 del Código Penal. Unas opiniones que, a juicio del quejoso periodista, no deben permitirse a jueces y fiscales porque la misma Constitución que consagra la libertad de expresión reduce el papel de los jueces a ser garantes del orden legal. Vamos, que pueden opinar pero no meterse con él. Don José, por cierto, dice reservarse el derecho de ir penalmente contra esos jueces y un fiscal por considerar que le han injuriado gravemente.