Como les decíamos, la sentencia de lo Contencioso-Administrativo no obliga al alcalde de Santa Brígida y a los dos concejales que le acompañaron en su demencial demanda contra Victoria Casas a devolver a las arcas públicas el dinero indebidamente gastado en las acciones emprendidas contra esa concejala, compañera de Corporación. A esta le cabe ahora la posibilidad de iniciar acciones penales contra Lucas Bravo de Laguna, Amalia Bosch y Emilio Ventura por presunta malversación de fondos públicos, una vez ha quedado probado que las razones que les llevaron a aquella decisión no están ajustadas a Derecho. De interponerlas, ser admitidas a trámite, instruidas, juzgadas y condenadas, nos encontraríamos finalmente con la lana trasquilada llenando varios sacos de cincuenta kilos. Porque la malversación es delito y pudiera llevar aparejada incluso la inhabilitación de quien la comete, como le puede ocurrir los próximos días al número uno del PP al Parlamento por La Gomera, Esteban Bethencourt, que presuntamente malversó dinero del Ayuntamiento de Valle Gran Rey. La sentencia que les hemos dado a conocer en este periódico deja abierta esa puerta tras desechar, no sin cierto desprecio, los argumentos del Ayuntamiento de Santa Brígida, que pretendió colar por donde no debía esos pagos ilícitos.