Ya andan los histéricos pidiendo cárcel y escarnio público para el secretario general del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, por la decisión del juez de instrucción Tomás Martín de dictar el sobreseimiento provisional del caso del canódromo, aquel por el que se imputó un delito de prevaricación a la ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, y a su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber. Olvidan los histéricos que, además de otras consideraciones de carácter jurídico, la denuncia no fue interpuesta por el PSOE, ni por el director de CANARIAS AHORA, ni por la fiscalía, sino por los vecinos del canódromo, cabreados por la gamberrada que el PP hizo en ese solar y que ya dio lugar a una sentencia contencioso-administrativa condenando al Ayuntamiento. Y, a mayor abundamiento y con ánimo relajante para los histéricos: es la segunda vez que el juez abre diligencias, y si lo hizo en esta segunda ocasión fue porque la Audiencia Provincial revocó su primer auto de archivo, que se dictó sin tomar declaración a los dos políticos en calidad de imputados. Así que si quieren acusar a alguien de ir contra el PP, que primero apunten a la Audiencia Provincial, que no es precisamente sospechosa de nada. Y luego al TSJC, que ha dado la razón a los vecinos en la cuestión administrativa.