En los alrededores de la Cámara de Comercio se conocen desde hace mucho tiempo los modos que tiene el equipo de Suárez Gil de concurrir a las elecciones camerales. Es muy sencillo, a la par que hortera: se dan de altas empresas en el Impuesto de Actividades Económicas, previa domiciliación y alta en algún sitio donde no molesten (en el caso de Socorro, en Pelota, Franchy y Roca y León y Castillo), y rián p'al puerto. Y si se puede pillar una subvención para hacer una página web de cada una de ellas, pues miel sobre hojuelas, que otra cosa será hacerla. Lo malo es el descaro, que si bien sirvió en otras oportunidades en las que el Zorro Plateado no era despreciado por la clase empresarial, ahora es motivo de persecución por tierra, mar y aire. Juan Socorro, testaferro del Zorro para estos y otros asuntos, se presenta a las elecciones con un chorro de empresas, seis, con las que tratar de copar el 15% de los puestos en disputa para el pleno de la Cámara de Comercio. Pero además del engaño e ilegalidad que supone presentar empresas ficticias, el hombre se enfrenta a otra inconveniencia: que la Ley General de Cámaras prohibe a los condenados por delitos económicos ser elegibles en estos procesos. Y el señor Socorro está condenado por el Juzgado de lo Penal 1, en sentencia firme por un delito societario por insolvencia punible, según resaltan los que han impugnado sus candidaturas.