Tras perder el gobierno en el Cabildo de El Hierro por la moción de censura que en agosto de 2011 firmaron el PSOE y el PP de la isla, Belén Allende, Juan Pedro Sánchez y el resto de consejeros de AHI pasaron a la oposición. Allende, por lo tanto, comenzó a ejercer como portavoz del principal grupo cobrando por ello un suculento salario, 52.000 euros anuales, que durante su corto periodo de presidenta quiso incrementar a una cantidad que superara en un euro al funcionario de mayor sueldo de la institución. Es teóricamente la única consejera de la oposición liberada por el Cabildo, pero como Juan Pedro Sánchez no quería incorporarse a su flamante plaza en la Consejería de Industria sino permanecer en la isla de El Hierro, donde tiene negocios de limpieza, se las ha ingeniado para que Función Pública, dependiente la Consejería de Presidencia, en manos del PSOE, le haya reconocido la condición de “servicios especiales por cargo público” de manera que pueda cobrar íntegro su sueldo de jefe de sección del Gobierno regional, cercano a los 3.000 euros mensuales, sin tener que trabajar. Desconocemos qué fundamento jurídico tiene este reconocimiento laboral, pero desde luego desde el punto de vista moral da un pestazo que tira para atrás. El pestazo que espanta de la política a los indignados y que hace muy difícil que algunos pánfilos tratemos cada día de defender esa noble actividad como imprescindible para que una sociedad democrática funcione correctamente.